El Tribunal Constitucional ha lanzado una clara advertencia sobre su decisión de rechazar de plano toda recusación que se presente contra alguno de sus miembros basada en “recelos o aprensiones genéricas”. Así se expone en la resolución por la que el órgano de garantías ha inadmitido a trámite una recusación, promovida por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, contra el presidente del órgano de garantías —Cándido Conde-Pumpido— y los magistrados Ramón Sáez, Juan Carlos Campo y las magistradas María Luisa Balaguer y Laura Díez, miembros del sector progresista del tribunal.
