La polémica por el cierre de un albergue en la alcaldía Cuajimalpa, en Ciudad de México, ha puesto en pie de guerra a los activistas por los derechos de los animales contra el Gobierno de Ciudad de México. El desalojo de 936 perros y gatos de un predio a cargo del Refugio Franciscano el pasado 7 de enero no ha hecho más que escalar la tensión y el fuego cruzado entre ambas partes. La institución denuncia que la Administración de Clara Brugada actuó de forma ilegal y apresurada al retirar a los especímenes del predio, a pesar de que existía una orden federal vigente que impedía cualquier acción sobre el inmueble. Por su parte, el Ejecutivo capitalino ha argumentado que la intervención al inmueble se realizó tras peritajes oficiales que daban fe de que la población animal vivía bajo condiciones de hacinamiento, maltrato y abuso.
