A comienzos de noviembre de 1998, el abogado Philippe Sands se encontró con su esposa Natalia frente a las puertas de madera del cementerio de Pantin, en las afueras de París. Le traía una noticia que no tenía relación con la visita al cementerio: los representantes del dictador chileno Augusto Pinochet, que había sido arrestado en Londres por petición del juez español Baltasar Garzón, le habían propuesto que asumiera su defensa. Pinochet estaba acusado de crímenes gravísimos y había sido solicitado en extradición; se trataba de argumentar que tenía inmunidad frente a la jurisdicción de los tribunales ingleses y no era posible, por lo tanto, extraditarlo a España. Natalia le preguntó a su marido si pensaba aceptar el encargo, y él contestó recordándole uno de los principios esenciales de su profesión: los abogados tienen la obligación de aceptar al cliente que los solicite, o, para decirlo de otra forma, no pueden rechazar a un solicitante por razones de convicción personal o antipatías políticas. De manera que sí: se sentía inclinado a aceptar el encargo. “Muy bien”, respondió Natalia. “Pero me divorciaré si lo haces”.
