El caso de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño deportado por Estados Unidos a El Salvador a pesar de que una orden judicial prohibía su expulsión, es tan solo un botón de muestra de los horizontes que está dispuesta a alcanzar la política antimigratoria del Gobierno de Donald Trump y, a la par, el ofrecimiento del Gobierno de Nayib Bukele para que su Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), y otras cárceles, reciban a presuntos delincuentes o a migrantes deportados desde el país norteamericano, incluso sin que a estos se les haya comprobado algún delito.
