El Tribunal Supremo acaba de dar la razón al fondo de inversión Blackstone —a través de su filial española Fidere— y no estará obligado a vender a 41 familias de Carabanchel sus viviendas al precio de saldo al que las adquirió la empresa al Ayuntamiento de Madrid en 2013. En este caso, el alto tribunal ha considerado que no se cumplían las condiciones para otorgar a los inquilinos el derecho de retracto, es decir, su poder de compra preferente con las mismas condiciones con las que las adquirió el fondo. Por tanto, los pisos seguirán en manos de Blackstone.
