El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este viernes la razón a la Xunta de Galicia en la tramitación de proyectos eólicos, al fallar que los Estados miembros no están obligados a permitir observaciones públicas tras los informes sectoriales. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) planteó una triple cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determinara si la Xunta debió poner a disposición del público interesado (no solo de los promotores) los informes sectoriales sobre parques eólicos para que pudiese, en su caso, formular alegaciones y participar en el proceso de toma de decisión sobre las autorizaciones de los proyectos antes de que fuesen aprobados.
