La clave en el ruidoso debate sobre el futuro nuclear en España no es la ideología, son los números: ¿salen las cuentas para que siga siendo rentable que las cinco centrales del país operen más allá de lo previsto en la planificación energética aprobada por el Gobierno y avalada por Bruselas? Y para hacer esas cuentas, un factor determinante es el coste milmillonario de la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento futuro de las centrales, que les resta competitividad frente a las renovables y el almacenamiento eléctrico. Ese tratamiento deben asumirlo las grandes eléctricas, propietarias de las nucleares, a través de unas tasas que fija el Gobierno y que gestiona una empresa pública: Enresa. El Gobierno, tras actualizar el desfasado plan nacional de residuos radiactivos, aprobó en junio un incremento de la tasa del 30%. Y en mitad del debate sobre el cierre de las centrales, una de las propietarias, Iberdrola, ha presentado una demanda por la vía contencioso-administrativa contra Enresa en la que le reclama 323,94 millones de euros por daños y perjuicios por esa subida.
