Luchar contra la pobreza infantil no solo es una cuestión ética, sino que se justifica ya solo por una cuestión económica. A más menores de edad pobres, menos podrá avanzar la economía de un país o región. En el caso de Cataluña, la pobreza infantil afecta a casi medio millón de niños y jóvenes, uno de cada tres menores, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del Idescat. La consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, con una amplia trayectoria como economista, ha expresado este miércoles que la pobreza infantil “supone una pérdida de capital humano que no nos podemos permitir”. Y puso cifras: el coste de estos niveles de pobreza infantil es de 11.800 millones de euros cada año, el 5% del PIB catalán. Para paliar esta situación, el departamento que dirige tiene varias medidas en marcha, una de ellas la Estrategia contra la Pobreza Infantil, que el Govern aprobará en mayo.
