Los asalariados tendrán que esperar hasta bien entrado 2025 antes de que su jornada máxima legal —el límite a partir del cual las horas de trabajo se consideran extraordinarias— baje de las actuales 40 horas por semana en cómputo anual. Y eso siempre que salga bien la maniobra in extremis, a pocos días del cierre del año, de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los líderes sindicales de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, y de Unión General de Trabajadores (UGT). El ministerio y las centrales sellaron el viernes un acuerdo para rebajar la jornada a 37,5 horas sin reducción de salario. Según el texto, que necesita la aprobación del Congreso y previsiblemente sufrirá modificaciones durante la tramitación parlamentaria, todas las empresas deberían aplicarla antes del 31 de diciembre de 2025. En los sectores con jornadas más largas eso se espera “como agua de mayo”, señala Jesús Lillo, un veterano en el sector hotelero a sus 50 años. Pero también cunde el escepticismo tras meses de negociaciones que han terminado con la retirada de la patronal y con un texto que hoy por hoy no tiene el apoyo parlamentario asegurado.
