A la noticia daba miedo asomarse. Tuvo lugar la semana pasada, cuando supimos que tres adolescentes estaban relacionados con el asesinato de una educadora social en el piso tutelado de Badajoz en el que estaban acogidos. Drogas, agresividad y descontrol jalonaron sus días finales antes de ser apresados, pero resulta doloroso siquiera escribir de ello. Porque ante un caso así, un país no evidencia que tiene un problema de salud mental juvenil, ni tampoco un problema de circulación de drogas desmadrado, ni tan solo un caso más de abandono a la precariedad de los servidores públicos mientras seduce a los votantes la motosierra contra el gasto en cuidados. Todos estos problemas claro que los tenemos, pero es que además padecemos de algo más esencial que no se va a erradicar con el atajo de urgencia consistente en aumentar los castigos penales a menores. Asumir que antes de la mayoría de edad se puedan cometer estos actos salvajes es asumir que tenemos un problema con nuestros chicos.
