Los tres sindicatos con mayor representación en Telefónica -UGT, CC OO y Sumados-Fetico- facilitarán un acuerdo rápido con la dirección sobre el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que planteará la empresa en la reunión a la que han sido convocados el próximo lunes, día 17. Aunque la representación sindical no conoce aún el alcance exacto del ajuste ni sus condiciones, ambas partes han mantenido varios contactos informales y asumen la necesidad de alcanzar un pacto lo más rápido posible. En este contexto, dirección y sindicatos coinciden en la prioridad de apurar los plazos legales para sellar el ajuste antes de que finalice 2025 y han pactado un calendario ad hoc para hacerlo posible, informaron a EL PAÍS fuentes conocedoras del asunto.
Un largo historial de planes con salidas voluntarias y condiciones ventajosas
El nuevo ERE se une a una larga lista de ajustes que han reducido la plantilla de Telefónica en España en cerca del 80% de la que tenía cuando aún era un monopolio público de las telecomunicaciones. Solo entre 1997 (cuando se completó la privatización de la compañía) y la actualidad, la empresa ha pasado de emplear en España de 67.000 a 18.305 trabajadores con los que cerró 2024.
El último ERE firmado en enero de 2024 se saldó con la salida de 3.421 trabajadores con edad de 56 años o más y quince años de antigüedad en la empresa. En cuanto a las condiciones económicas, los nacidos en 1968 percibieron un 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% hasta los 65; los nacidos en 1967, 1966, 1965 o 1964, se fueron con un 62% del salario hasta los 63 años y un 34% hasta los 65, y una prima por voluntariedad a 10.000 euros para este tramo; y los nacidos en 1963 o anteriores recibieron un 52% del salario hasta los 63 años y un 34% hasta los 65, con la misma prima de voluntariedad.
En el capítulo de complementos, el ERE incluía reversibilidad de las rentas (en caso de fallecimiento, los herederos legales percibirán las rentas pendientes), abono del descuento de la seguridad social del empleado durante el paro, y seguro colectivo hasta los 63 años (y hasta los 65 años para supervivencia).
Anteriormente, Telefónica aplicó un plan de bajas incentivadas (PSI) en 2021 al que se acogieron 2.418 trabajadores, con un coste de alrededor de 1.400 millones de euros. Posteriormente, aplicó otro plan de bajas en 2019 por el que se desligaron de la operadora unos 2.600 empleados, con un coste de 1.700 millones de euros. El anterior plan de bajas se remonta a 2015, que supuso la salida de 6.300 trabajadores con un coste de casi 3.700 millones de euros. No obstante, el ajuste más grande lo ejecutó César Alierta como presidente entre 2011 y 2012, con la salida de 6.800 trabajadores y un coste para la compañía de 2.700 millones de euros.
