España encabeza en Europa con la tasa de propiedad de vivienda más elevada entre la población mayor de 65 años, alcanzando aproximadamente el 90%, según datos estadísticos recientes. Este fenómeno, agravado por el envejecimiento demográfico y pensiones que apenas cubren el 60-70% del nivel de vida previo a la jubilación, genera un desafío jurídico y social: cómo convertir ese capital inmobiliario “atrapado” en recursos líquidos para garantizar cuidados dignos sin abandonar el hogar.
