El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un golpe de mano en el caso sobre la aplicación de una ley de guerra del siglo XVIII para deportar a inmigrantes sin ningún tipo de control judicial. Su Administración ha elevado el caso al Tribunal Supremo, sin esperar a que se dirima en los tribunales inferiores. Allí un juez había impuesto una prohibición cautelar al uso de esta norma, la Ley de Enemigos Extranjeros, cuando el Gobierno expulsó a El Salvador a más de 200 migrantes venezolanos a los que acusa de formar parte de la banda delictiva Tren de Aragua.
