El que “repartía el bacalao” era Rafael Delgado, a quien la Fiscalía reclama 42 años de prisión y una multa de 239 millones de euros por propiciar la conocida como trama Eólica cuando era viceconsejero de Economía en la Junta de Castilla y León (PP). El supuesto sistema para favorecer a empresarios afines a la consejería en la asignación de licencias de parques eólicos perjudicó a inversores independientes como Gregorio Álvarez, quien ha incriminado a Delgado como muñidor del caso, juzgado desde septiembre y de conclusión prevista en enero. La Fiscalía Anticorrupción reclama a varios exaltos cargos y empresarios autonómicos un total de 138 años de cárcel y 848 millones de sanción por unos hechos ocurridos entre 2003 y 2011 y que se consideran posibles delitos de prevaricación contra la Hacienda pública, cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, extorsión y tráfico de influencias. “Me decían que para entrar en evacuación había que tener un socio local. Soy zamorano de toda la vida, había construido tres parques y nunca me lo habían pedido. No entendía nada”, ha lamentado Álvarez.
