Charlotte Sweeney, jueza federal de Colorado, se ha sumado la pelea judicial contra la Administración de Donald Trump. A partir de ahora, antes de llevar a cabo una deportación como la de mediados de marzo a El Salvador, el presidente deberá notificar a los migrantes venezolanos con 21 días de antelación, un tiempo en el que estos podrán apelar ante los tribunales. Es la primera vez, desde que el republicano llegó la Casa Blanca, que una autoridad judicial dicta cómo el nuevo Gobierno debe hacer uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, de 1798, en virtud de la cual fueron enviados al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en el Salvador, 238 migrantes catalogados de “criminales”.
